María Anayme Barón Durán ha sido seleccionada como la nueva Auditora General de la República en un proceso que involucró un debate significativo en el Consejo de Estado. A pesar de haber demostrado una sólida formación académica, con una licenciatura en Contabilidad Pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especializaciones en finanzas públicas y una maestría en la Universidad Libre de Bogotá, su nombramiento no ha estado exento de polémica.
Su experiencia laboral abarca una amplia gama de roles en el sector público, incluyendo puestos en varias alcaldías en el departamento de Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá. Además, desempeñó el cargo de gobernadora encargada de Boyacá en diferentes momentos durante el año 2015. Posteriormente, a partir de 2016, trabajó en la Contraloría de Bogotá en diversos roles, incluyendo asesora de Despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada. También ha prestado sus servicios en calidad de contratista para la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, su designación como Auditora General ha sido objeto de controversia debido a acusaciones previas sobre su relación cercana con Juan Carlos Granados Becerra, un político que enfrentó acusaciones en el caso Odebrecht. En 2017, Gustavo Petro, entonces senador, cuestionó esta relación en las redes sociales. Además, Barón Durán está siendo investigada por la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades cometidas durante su tiempo como Secretaria de Hacienda y Delegada para la Contratación en la Gobernación de Boyacá durante el mandato de Juan Carlos Granados, por presuntas irregularidades en compra de un lote por $1.518 millones para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector Minero-Energético.
Según el órgano de control, los estudios iniciales para el parque recomendaron comprar un terreno de 32.200 metros cuadrados en Tópaga, junto con un diseño preliminar de las instalaciones. La Gobernación de Boyacá contrató a un experto de Asolonjas para el avalúo comercial, resultando en un precio de $1.518.200.000. El lote se adquirió al final del período gubernamental en 2015, con compromisos de recursos para 2016. Sin embargo, en 2017, la nueva administración encontró irregularidades, como la presencia de una vía, riachuelos y terreno anegado en el lugar, así como explotaciones mineras vigentes sin límites claros. Estas controversias plantean dudas sobre la idoneidad de la Auditora General en su cargo, especialmente dadas las investigaciones en curso y el contexto político en Colombia.