La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una serie de investigaciones contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) debido a presuntas irregularidades en dos procesos clave: la contratación de servicios tecnológicos con la empresa INTERNEXA y la selección de cargos directivos en la entidad. Estos hechos han puesto en el centro de atención a la administración del SENA, encabezada por su director general, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y otros funcionarios de alto nivel.
Investigación sobre contratación de servicios tecnológicos
A finales del 2023, la Procuraduría abrió una investigación formal contra Londoño Ulloa y otros cuatro funcionarios, incluyendo a Carlos Martín Coy Rodríguez, jefe de la Oficina de Sistemas, quien fue suspendido provisionalmente por tres meses. Los otros investigados son la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa. La investigación se centra en el proceso de contratación de servicios tecnológicos, valorado en más de un billón de pesos, para distintas sedes del SENA.
El órgano de control está examinando posibles irregularidades en la revocación de la apertura del proceso de licitación pública, alegando que no existieron argumentos jurídicos ni técnicos suficientes para justificar dicha decisión. La Procuraduría también investiga si esta revocación pudo haber vulnerado los derechos del proponente Unión Temporal Sena 2.0, lo que habría requerido su autorización previa para revocar el proceso de licitación.
Convenio con INTERNEXA bajo la lupa
En junio de 2024, la Procuraduría volvió a señalar al SENA, esta vez por la firma de un convenio con la empresa INTERNEXA, el cual derivó en varios subcontratos por un valor de $65.381.813.000. Según el ente de control, el convenio, firmado el 28 de diciembre de 2023, no contó con la participación de varios oferentes, lo que viola los principios del Estatuto General de la Contratación Pública. Además, INTERNEXA no fue identificada como posible proveedor en el mercado para los servicios requeridos y, aparentemente, no posee la experiencia ni idoneidad necesarias.
El procurador delegado, Marcio Melgosa, expresó su preocupación por la contratación directa con INTERNEXA y la posterior subcontratación de todos los servicios requeridos, sin un proceso de selección adecuado. La Procuraduría ha solicitado explicaciones a las directivas del SENA sobre los detalles de esta contratación, incluyendo los montos, costos y procedimientos implicados.
Posibles impactos en el acceso a servicios tecnológicos
El 13 de julio de 2024, la Procuraduría alertó sobre el riesgo de que más de ocho millones de aprendices del SENA se queden sin acceso a servicios tecnológicos. El contrato actual vence el 31 de julio de 2024, y la licitación para su renovación está suspendida. Ante esta situación, la Procuraduría ha instado a los directivos del SENA a implementar mecanismos para evitar interrupciones en el servicio y aseguró que continuará monitoreando la situación para prevenir posibles perjuicios.
Irregularidades en el proceso de selección de directivos
Otra investigación abierta por la Procuraduría se centra en el proceso de selección de directores regionales y subdirectores del SENA. La procuradora Margarita Cabello se reunió con el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, para abordar las posibles irregularidades detectadas durante una visita a la entidad. Se cuestiona la decisión de excluir a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de la última etapa del proceso de selección, permitiendo que funcionarios del SENA asumieran la responsabilidad de las entrevistas finales, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y objetividad del concurso.
La procuradora delegada, Claudia Hernández, ha solicitado al SENA toda la información relacionada con este proceso, subrayando la importancia de la transparencia en la selección de directivos. Margarita Cabello ha expresado su preocupación de que la evaluación interna de los aspirantes pueda comprometer la imparcialidad del concurso.
Conclusión
Estas investigaciones buscan determinar si las acciones del SENA constituyen faltas disciplinarias y si se ha actuado bajo causales de exclusión de responsabilidad. La Procuraduría continuará con sus pesquisas para garantizar que los procesos en cuestión se desarrollen conforme a la ley y en beneficio de los millones de aprendices del SENA.