- También fueron judicializadas cinco personas como presuntas responsables de traficar sustancias para la elaboración de artefactos explosivos improvisados.
- En los allanamientos se incautaron tres toneladas de clorato de potasio
A raíz de la solicitud presentada por una fiscal perteneciente a la Seccional de Cundinamarca, un juez de control de garantías ha decidido tomar medidas enérgicas en el caso de Hoffman Arnulfo Melo Castro, quien está bajo sospecha de haber utilizado una empresa de pirotecnia en Bogotá como una fachada para la importación de clorato de potasio al país. Este compuesto químico se emplea en la fabricación de explosivos y ha sido un componente crucial en diversas actividades delictivas.
La investigación ha revelado que el clorato de potasio se presentaba de manera engañosa como un insumo agrícola, y era transportado a zonas rurales de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia a través de empresas de envío. Se presume que las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y otras actividades ilícitas eran las encargadas de comercializar este material.
Además de Hoffman Arnulfo Melo Castro, otras cinco personas enfrentan acciones legales en este caso, incluyendo a Darling Alberto Balaguera Parra, alias “Darling”, quien presuntamente tenía la responsabilidad directa de coordinar el transporte, la distribución y la venta de los insumos explosivos.
Las autoridades, en colaboración con la Policía Nacional, llevaron a cabo operativos que llevaron al descubrimiento de 11 bodegas clandestinas ubicadas en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca), Chiquinquirá (Boyacá) y Medellín (Antioquia). Durante estas intervenciones, se incautaron tres toneladas de sustancias explosivas, 8.005 detonadores no eléctricos, 8.160 fósforos eléctricos que son utilizados para activar artefactos explosivos, 428 metros de cordón detonante, 37 detonadores modificados, 1.500 metros de mecha de seguridad, cinco armas de fuego, tres proveedores y 600 cartuchos.
Además de estos hallazgos, se encontraron aproximadamente 14.400 dólares, 123 millones de pesos colombianos y 14 teléfonos celulares que podrían estar vinculados a actividades ilícitas. La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra los acusados, que incluyen concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y enriquecimiento ilícito. El juez encargado del caso ha impuesto medidas de detención intramuros para tres de los arrestados y arresto domiciliario para los otros tres.
Además de las medidas tomadas contra los individuos involucrados, se ha procedido a afectar financieramente a esta estructura delictiva mediante la incautación de 12 propiedades, con el objetivo de extinguir el derecho de dominio sobre ellas, y cuyo valor total asciende a 1.750 millones de pesos colombianos.
Esta información se comparte con el público en general debido a su gran relevancia para la seguridad y la lucha contra el crimen en la región.
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