En la emisión central del lunes 18 de mayo, el noticiero CM&, emitido por Canal 1, mostró la realidad de esta obra que quedó sin terminar, gerando gran detrimento de recursos públicos.
Se trata del proyecto de vivienda La Estancia del Roble, cuya unión temporal unión se conformó en junio de 2009 durante la administración del entonces alcalde Arturo Montejo Niño y la firma constructora IBH del ingeniero iader Barrios Hernández. El propósito era construir 1182 soluciones habitacionales para igual número de familias de estratos 1 y 2.
El proyecto total tendría un costo aproximado de $32.474 millones de pesos, incluyendo subsidios y aportes de los beneficiarios. Al contratista le fueron entregados $15.680.216.139 millones de pesos de recursos públicos y este aportaría otro tango, hasta la entrega final. El proyecto debía construirse y entregarse en 2 años.
Luego llegó a la alcaldía el hoy gerente de la RAP-E Fernando Flórez Espinosa, quien autorizó prorrogar la unión temporal y el proyecto; pasaron sus 4 años y tampoco se terminó la construcción. Tuvo que llegar un nuevo alcalde para que decidiera suspender unilateralmente la Unión Temporal Estancia del Roble, sacando a la luz problemas técnicos, administrativos, financieros y jurídicos.
Según informe entregado en julio de 2016 a la Contraloría, 762 apartamentos y casas ya habían sido terminados y entregados a igual número de familias; pero faltaban por construir 420 apartamentos; estos nunca se terminaron, y hoy son el gran elefante blanco de la capital de los Boyacenses.
A mediados del 2018, expertos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), concluyeron por medio de estudios geotécnicos, que el proyecto Estancia del Roble de Tunja, presenta insuficiencias en sus diseños, estructura y materiales, situación que los ubica en riesgo inminente de colapso.
El contratista iader Barrios Hernández, en 2018 fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria y pago de multa por delitos relacionados con falsedad material en documento público y fraude procesal no relacionados con este proyecto de vivienda; este es un nuevo proceso en el que la Contraloría abrió pliegos de responsabilidad fiscal contra 12 personas, entre ellas dos ex alcaldes de Tunja.
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